Los Técnicos de Hacienda plantean dudas sobre la auditoría de las cuentas de la Casa Real

Familia Real

Familia Real. | Casa Real / Borja Fotógrafos

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la auditoría pública de las cuentas de la Casa Real, anunciada por el rey Felipe VI, es un gesto de transparencia que debe garantizar la independencia de los auditores, por lo que estarán atentos para conocer la letra pequeña del convenio que la institución monárquica firme con la Intervención General del Estado (IGAE), que será el organismo que lleve a cabo esa auditoría.

A la espera de conocer los términos concretos del acuerdo, que debería, entre otras cosas, regular qué tipo de auditoría se realizará (de cuentas, de legalidad, eficacia y eficiencia, etc.), si el alcance del examen será completo o limitado, y la forma en que se designen los equipos auditores.

Gestha señala también, que el informe anual de cuentas debería seguir el modelo de la Casa Real Británica, en el que se aportan detalles de todo tipo de gastos, y valoran positivamente que el resultado de la auditoria sea publicado conjuntamente con este informe anual.

Además, para que las medidas anunciadas supongan un paso firme hacia una mayor transparencia y no se conviertan en una medida más “de cara a la galería”, los Técnicos consideran que sería necesario modificar el artículo 65 de la Constitución española, de forma que el sueldo del monarca y demás miembros de la Casa Real los fije el Parlamento.

Sin embargo, los Técnicos avisan que, como paso previo a la realización de auditoría anunciada, es necesario resolver la situación actual de la IGAE. De este modo, Gestha sale al paso de la Orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la cual el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declara la “insuficiencia de medios” de la IGAE, lo que, según el Ejecutivo, exige subcontratar con firmas privadas la auditoría de algunas actuaciones de control sobre subvenciones y ayudas públicas y controles de los fondos comunitarios para los años 2014 y 2015.

Gestha considera esta externalización un “dispendio” de recursos públicos, ya que se desaprovecha la experiencia y capacidad de cerca de millar de técnicos de auditoría que trabajan en la Intervención del Estado y que actualmente están relegados en algunas funciones auditoras, como son la planificación y dirección de los equipos de auditoría y la firma de informes con las responsabilidades que conlleva.

 

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