El impuesto a los depósitos bancarios generará una recaudación de 360 millones

Monedas y billetes de euroLos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que el impuesto a los depósitos bancarios aprobado el pasado viernes por el Gobierno supondrá un coste de 362,9 millones de euros anuales para las entidades financieras, al aplicar una tasa única del 0,03% sobre el volumen global de depósitos desde el 1 de enero de 2014, que en España asciende a 1,2 billones de euros, una cantidad un 20% superior al PIB y que también incluye los impuestos análogos que aplicarán las diputaciones forales del País Vasco y Navarra.

A pesar de que el Gobierno eleva el tipo del impuesto desde el 0% que inicialmente fijó en 2013 para todo el territorio español, sigue siendo todavía diez veces inferior al tipo mínimo que aprobaron en su día algunas comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía, Canarias, Cataluña, Asturias y Valencia, y que se situaba en un mínimo del 0,3% y se elevaba en una tarifa progresiva al tipo marginal del 0,5% para las mayores bases imponibles.

El Gobierno, a finales de 2012, justificó la creación de forma urgente de un impuesto estatal a los depósitos bancarios tras una sentencia del Tribunal Constitucional, que avaló la creación de este impuesto por las autonomías. De este modo, el Ejecutivo intentaba evitar el riesgo de deslocalización de los mayores depósitos si cada comunidad aplicaba un tipo distinto, si bien la realidad ha demostrado que las tarifas aprobadas por las autonomías eran exactamente las mismas, salvo en Extremadura, que era algo superiores.

Ahora, el Estado se ve obligado a exigir un gravamen, aunque sea mínimo, para evitar que los recursos de inconstitucionalidad planteados por los gobiernos de Asturias y Cataluña cuestionen que, con el tipo del 0%, realmente no existía un gravamen estatal a los depósitos bancarios.

Por ambos motivos, Gestha considera un nuevo guiño a la banca que el gravamen estatal sea una décima parte del tipo mínimo de las tarifas autonómicas a las que sustituye, que se suma al “salvavidas” incluido dentro de la reforma fiscal recientemente aprobada para evitar un deterioro de sus activos de 6.400 millones de euros.

La cesión a las autonomías de la recaudación del impuesto tendrá un impacto mayor en las comunidades con mayor concentración de grandes fortunas como Madrid y Cataluña, que juntas suman el 46,2% de todo el dinero confiado a los bancos. En una posición intermedia de financiación estarán la Comunidad Valenciana, Castilla León y Galicia, así como las diputaciones forales del País Vasco. Entre las que menos percibirán estarán Extremadura, Navarra, Cantabria y La Rioja, junto con Ceuta y Melilla.

De todas formas, al margen de los ingresos que este tributo estatal aporte a las arcas de cada comunidad, los Técnicos del Ministerio de Hacienda señalan que el Gobierno deberá compensar a Extremadura, Andalucía y Canarias por la diferencia de recaudación entre su impuesto propio –suspendido tras la entrada en vigor del estatal en 2013– y el nacional que ahora le cederá el Estado.

Por el contrario, las demás autonomías –Cataluña, Asturias y la Comunidad Valenciana– que establecieron este tributo después del 1 de diciembre de 2012 –al cabo de dos días de que se registrara una enmienda del grupo popular en el Senado para crear el impuesto estatal del 0%– no recibirán ninguna compensación y la implantación de este gravamen nacional impedirá que puedan obtener ingresos de sus tributos propios, ya que la Constitución otorga al Estado la capacidad originaria para crear impuestos.

Esta circunstancia hará que estas comunidades ingresen mucho menos con la cesión de la recaudación del gravamen estatal, como es el caso de la Comunidad Valenciana, que presupuestó en 2014 ingresar 230 millones anuales por su impuesto propio a los depósitos.

 

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