El Tribunal Supremo abre una causa contra Chaves y Griñán por los ERE de Andalucía

José Antonio Griñán y Manuel Chaves. │ PSOE

José Antonio Griñán y Manuel Chaves. │ PSOE

El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos ex presidentes de la Junta de Andalucía. También han sido encausados los parlamentarios José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, todos ex conejeros autonómicos. En todos los casos se los relaciona con el fraude de los ERE.

El TS ha dado por buena la división del expediente que propuso la Fiscalía y que va en contra de los deseos, o mejor dicho del criterio, de la jueza Mercedes Alaya, quien lleva la instrucción. Así, el Alto Tribunal sólo investigará lo concerniente a la responsabilidad penal de estos cinco encausados que gozan de la prerrogativa del aforamiento. Justamente, por ello interviene el TS.

En la resolución que decide la apertura de la causa, el juez Miguel Colmenero, en su rol de ponente, considera que el relato de los hechos de acuerdo a la exposición razonada por parte de la magistrada Alaya “pudieran ser” constitutivos de delitos de prevaricación y cohecho.

La Sala Penal aclara que hace una "valoración muy provisional" del relato de Alaya. Sin embargo, esa valoración alcanza para mostrar indicios de que desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se habilitó la disposición de 855 millones de euros para abonar ayudas “sin sujetarse al procedimiento y a los controles propios de las subvenciones”.

Según la instrucción de Alaya el dinero "se orientó mayoritariamente hacia personas y empresas próximas a los sindicatos, a cargos de la Junta o del PSOE andaluz".

Según lo resuelto por la Sala la supuesta responsabilidad de Chaves, Griñán y los demás encausados surge de su "posición de alta y especial responsabilidad política, dados los cargos que desempeñaban y de su intervención en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, en el caso de alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación de ese sistema".

El Tribunal Supremo considera "imprescindible" la investigación de la conducta de los aforados.

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