Los economistas piden reforzar los mecanismos para garantizar una eficaz segunda oportunidad para autónomos

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El Consejo General de Economistas ha pedido que se refuercen los mecanismos para garantizar una segunda oportunidad “eficaz” para los autónomos cuando el Gobierno apruebe la ley en la que está trabajado y que, según el Ejecutivo, verá la luz en las próximas semanas.

En un informe, los economistas contextualizan la realidad de la insolvencia empresarial en España a través del análisis de las estadísticas de procedimiento concursal y la siniestralidad real de las empresas, con el objetivo de reflexionar sobre los mecanismos que ayuden a una verdadera segunda oportunidad para empresarios autónomos con viabilidad económica.

Para conseguirlo, proponen una mayor flexibilización de los requisitos de remisión de deuda y un mayor compromiso de los agentes implicados en estos procesos de viabilidad para poder preservar en la medida de lo posible la actividad económica del autónomo.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha reconocido que han bajado los concursos en términos absolutos, aunque ha recordado que la pequeña empresa no acude a este tipo de proceso y que su salida ante problemas de insolvencia sigue siendo “escasa y ardua”.

En este sentido, Pich ha asegurado que “una eficaz segunda oportunidad” para empresarios autónomos pasa por revisar tres factores: el grado de implicación y compromiso del crédito público en la remisión de deudas, la exoneración del avalista tercero y las facilidades financieras siempre que haya garantías para ello.

Los economistas advierten de que la destrucción de empresas, sobre todo de pymes, sigue siendo “alarmante” a la vista de los últimos datos disponibles, ya que 300.000 pymes y micropymes han desaparecido en el último año, lo que hace que todo esfuerzo por parte de los acreedores para hacer viables microempresas en insolvencia fortuita deba ser abordado.

En este sentido, presidente del REFOR- CGE, Leopoldo Pons, ha apostado por articular soluciones “ágiles y directas” donde la justicia mercantil puede tener un papel determinante. Pich, por su parte, ha resaltado también la necesidad de buscar mecanismos dentro de los procesos de convenio concursal para minimizar la discrecionalidad en las quitas respecto del crédito proveniente la Seguridad Social y Hacienda.