Según el Gobierno la norma refuerza la seguridad ciudadana, prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas, regula los cacheos y protege expresamente el derecho de manifestación. La norma define, por primera vez, el concepto de seguridad ciudadana y crea un marco jurídico para el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.