El Congreso aprueba la Ley de supervisión y solvencia de las aseguradoras

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La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso ha aprobado el proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras que, entre otras cosas, supone la transposición de la directiva europea Solvencia II.

En concreto, el informe de la Ley recibió 38 votos a favor (PP, PSOE y CiU), dos en contra (PNV y Grupo Mixto) y dos abstenciones (UPyD e Izquierda Plural). En la comisión se aprobaron cinco enmiendas de CiU, seis transaccionales y varias enmiendas planteadas por el PP.

El proyecto de Ley –que ahora deberá ser aprobado en el Senado– contaba con una enmienda a la totalidad planteada por CiU, que consideraba que la normativa vulneraba una serie de competencias de la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, el grupo ha retirado la enmienda después de negociar con el PP y con el Gobierno la conservación de sus competencias.

“Hemos conseguido un acuerdo importante con el PP. En base a las enmiendas transaccionales que nos ha planteado, hemos preservado las competencias de la Generalitat en temas como la supervisión, el registro, las cooperativas y las mutualidades”, ha señalado el diputado de CiU Josep Sánchez i Llibre.

Por su parte, los diputados de EAJ-PNV, Pedro María Azpiazu; del Grupo Mixto, Rafael Larreina, y de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, han destacado que la normativa no resuelve los problemas competenciales. “Se está dando un paso hacia el vaciamiento competencial”, ha apuntado Azpiazu.

Defender la solvencia

La Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras pretende trasponer la directiva europea Solvencia II y velar por buena evolución de las aseguradoras, así como eliminar las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea.

La normativa incluye como novedad la exigencia de que las entidades tengan un “eficaz” sistema de gobierno, lo que supone el reconocimiento de los riesgos a los que se enfrentan. Así, todas las aseguradoras tendrán que realizar una evaluación interna periódica de sus necesidades globales de solvencia “atendiendo a su nivel de riesgo específico”.

Asimismo, con fines de transparencia, las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán dar a conocer, mediante su puesta a disposición del público al menos una vez al año, la información esencial sobre su situación financiera y de solvencia.

La normativa también establece que los requisitos de capital de las entidades deben estar cubiertos con fondos propios, que deben clasificarse con arreglo a criterios de calidad, seguridad y disponibilidad. Además, destaca que “no alcanzar el capital mínimo obligatorio implicará la expulsión del mercado”.