El Gobierno permitirá a los ‘hedge funds’ otorgar préstamos a inversores profesionales

Luis de Guindos

Consejo de Ministros, Luis de Guindos | Pool Moncloa

El Gobierno permitirá a las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) de inversión libre, los conocidos como ‘hedge funds‘, otorgar préstamos, invertir en facturas, préstamos y efectos comerciales de uso habitual en el ámbito mercantil, aunque restringirá su comercialización a inversores profesionales.

Así lo ha detallado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado un real decreto que modifica el vigente reglamento que regula los conocidos fondos de inversión.

La nueva regulación permitirá la comercialización activa de ‘hedge fund’ a minoristas cualificados, siempre y cuando se realice un desembolso mínimo de 100.000 euros y dejen constancia por escrito de que conocen los riesgos inherentes a la inversión.

El ministro ha explicado que estas medidas persiguen la creación de fondos de deuda y reducir de esta forma la alta dependencia respecto del crédito bancario. La norma complementa la reforma emprendida en noviembre de 2014 con la Ley 22/2014 de las entidades de capital riesgo y de las entidades y gestoras de inversión colectiva.

El objetivo del Gobierno con este cambio normativo pasa por fomentar esta modalidad de inversión como fuente de financiación directa para las empresas. “Los fondos de inversión son una forma de ahorro muy importante”, ha defendido Guindos.

El titular de Economía ha indicado que se incrementan las obligaciones de información de las sociedades gestoras a la Comisión Nacional Mercado de Valores (CNMV) y a los inversores, a la par que se aclaran las funciones del depositario y se regula en detalle el régimen de responsabilidad en caso de pérdida de los valores custodiados.

Gestión óptima del riesgo

En cuanto a los requisitos de la gestora, la norma detalla la estructura y organización de la gestora para garantizar el control de riesgos, de liquidez y evitar el conflicto de interés. También se regula la política de remuneración a los gestores para hacerla más transparente y que garantice una “gestión óptima” del riesgo.

Por último, el Gobierno equipara los requisitos de recursos propios de las gestoras con los de la mayor parte de Estados miembros de la UE, hasta el mínimo exigido por la Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa, lo que les permitirá competir en igualdad de condiciones con las gestoras del resto de la UE.