El Gobierno remite al Parlamento la reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Soraya Sáenz de Santamaría

Soraya Sáenz de Santamaría después del Consejo de Ministros | Pool Moncloa

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para su tramitación en sede parlamentaria.

En rueda de prensa posterior a la reunión, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que el texto se remite una vez ha recibido una valoración “en general positiva” por parte del Consejo Económico y Social (CES), que ha introducido mejoras técnicas.

Según ha resumido, el proyecto de Ley viene a reforzar la lucha contra el fraude en el ámbito del empleo a través del fortalecimiento institucional del modelo de inspección y de una mayor coordinación interterritorial.

El Gobierno confía en conseguir el mayor consenso posible durante el trámite parlamentario, pues “resulta particularmente oportuno asegurar la necesaria estabilidad institucional sobre la organización y el funcionamiento de la Inspección de Trabajo”.

Renovación integral

De acuerdo con el texto remitido, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social queda configurada como un organismo autónomo de nueva creación, que prestará servicio a la vez a la Administración General del Estado (AGE) y a las comunidades autónomas.

Además, el Ejecutivo señala que se reconoce una mayor participación de los agentes sociales en la definición de la organización y los objetivos de la Inspección.

Junto a ello, el texto también prevé un aumento de los recursos destinados por la Inspección de Trabajo para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Concretamente, se creará dentro de la Inspección una nueva escala de subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mayor control del fraude

Por otro lado, dentro de un modelo más generalista y con unos medios más avanzados, el proyecto de Ley amplía las competencias de los subinspectores de Empleo y Seguridad Social, que ahora podrán investigar abusos en la contratación temporal y en el trabajo de menores. Además, se refuerza la independencia técnica del personal inspector.

Además, se creará dentro de la Inspección una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, en la que estarán representados todos los organismos implicados y que tendrá como funciones la detección del fraude, la programación y ejecución de actuaciones inspectoras y la evaluación de resultados. Esta nueva oficina servirá de enlace con la Plataforma europea contra el trabajo no declarado, en preparación en el marco de la UE.