Interior podrá interceptar comunicaciones sin autorización judicial en determinados casos

Catalá, Sáenz de Santamaría y Montoro. | Pool Moncloa

Catalá, Sáenz de Santamaría y Montoro. | Pool Moncloa

El Consejo de Ministros ha analizado y tramitado este viernes el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla algunas de las medidas llamadas de regeneración democrática anunciadas por el presidente del Gobierno el pasado 27 de noviembre en el Congreso de los Diputados, según ha avanzado la vicepresidenta. Entre las moficiaciones, se permitirá a Interior intervenir comunicaciones telefónicas bajo determinadas circunstancias, sin autorización judicial.

Soraya Sáenz de Santamaría ha indicado que la norma busca agilizar la justicia penal para que “no haya ninguna sensación de impunidad” y los tiempos de tramitación sean “razonables y suficientes” para dictar una sentencia. También permitirá recuperar “aquello que el corrupto o el sentenciado haya podido detraer del dinero público o de lo que haya podido beneficiarse en su actividad delictiva”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado que los objetivos de la reforma son mejorar la agilidad y la eficiencia del sistema procesal penal; reforzar las garantías procesales; establecer un marco normativo para la investigación tecnológica; generalizar la segunda instancia penal y establecer un procedimiento de decomiso autónomo para luchar contra la corrupción y el crimen organizado.

Para agilizar el proceso penal, se modifican las reglas de conexidad que conducen con frecuencia a la acumulación de procesos por distintos delitos, lo cual dilata su resolución. Catalá ha señalado que ahora “cada delito generará una instrucción diferenciada”, con lo que se dictarán sentencias en plazos mucho más cortos. Además, los atestados policiales sin autor conocido no se enviarán a los juzgados, sino que se tramitarán con carácter administrativo hasta que se detenga al responsable, en cuyo caso sí tendrán un tratamiento judicial.

Los asuntos sencillos tendrán un plazo máximo ordinario de instrucción de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Para las investigaciones complejas, el plazo será de 18 meses, prorrogable hasta otro plazo máximo similar cuando haya causas que lo justifiquen. Asimismo, se amplían los juicios rápidos a asuntos de tramitación sencilla, como los hurtos, amenazas leves o conducir en estado de embriaguez.

El titular de Justicia ha subrayado que, con estas medidas, “se reduce la carga de los jueces y los fiscales para que se dediquen a la instrucción de las causas especialmente complejas”.

Rafael Catalá ha explicado que la futura ley orgánica refuerza el derecho, ya existente, a asistencia letrada que, entre otras cosas, “garantiza la confidencialidad entre el detenido o el imputado y su abogado”.

Por otra parte, la norma regula la interceptación de las comunicaciones telefónicas, la grabación de conversaciones orales o imágenes, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y el registro de dispositivos de almacenamiento de datos. “Lo que estamos pretendiendo es dotar a los jueces, fiscales y fuerzas de seguridad de herramientas para la investigación de una delincuencia de alta complejidad. Este tipo de medidas requerirá autorización judicial y responderá a los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad”, ha aclarado el ministro.

La interceptación sin autorización judicial se podrá dar “en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente”.

El texto también regula la segunda instancia penal. El ministro estima que 5.000 asuntos podrían ser susceptibles de esa segunda instancia y ha asegurado que “hay capacidad suficiente para articularla incluso sin necesidad de nuevos recursos sino mediante la reasignación de los disponibles”.

El ministro ha señalado que la norma “incluye nuevas formas de decomiso para dotarnos de herramientas más eficaces en la lucha contra la corrupción“. Crea un procedimiento de decomiso autónomo y recuperación de activos procedentes de actividades delictivas, así como una oficina de recuperación y gestión de activos derivados de la práctica de delitos.