La Fiscalía Anticorrupción solicitará entre 15 y 20 años de prisión para Iñaki Urdangarin

Iñaki Urdangarin. | Antonio Zugaldia (CC BY 2.0)

Iñaki Urdangarin. | Antonio Zugaldia (CC BY 2.0)

La Fiscalía Anticorrupción solicitará este martes entre 15 y 20 años de prisión para Iñaki Urdangarin, y algo menos para su socio Diego Torres, ambos acusados de formar una trama destinada a desviar fondos públicos por casi seis millones de euros. A la infanta Cristina sólo se le exigirá algo más de medio millón en concepto de fianza por responsabilidad civil.

La solicitud de la pena por parte del Ministerio Público podría variar un poco para varios imputados en caso de que alguno se pague la suma por la que se lo acusa de malversación.

La infanta Cristina ha tenido de la suerte de que la Fiscalía no haya encontrado indicios de haber incurrido en algún delito. Sin embargo, sí sostiene que se ha beneficiado ilícitamente de las sumas obtenidas por el duque de Palma. Por esta razón le solicitará cerca de 600.000 euros como fianza por responsabilidad civil. Para ello el fiscal se basa en el artículo 122 del Código Penal que establece que “el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

Estas y otras peticiones sobre el resto de los acusados serán presentadas este martes por el fiscal Perdro Horrach en un escrito de más de 500 folios. En dicho texto quedan elocuentemente diferenciadas las situaciones de los duques de Palma.

Mientras que, como decíamos, a la infanta no se la acusa de delito alguno -y por ello no se solicita para ella pena de prisión- para el duque de Palma abundan los cargos. Está imputado por delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial, estafa, dos delitos fiscales, fraude a la administración y blanqueo de capitales.

La instrucción del caso recién finalizó el en junio después de más de cuatro años de investigaciones de las actividades que llevaba adelante el Instituto Noós, a través del cual los acusados habrían logrado derivar fondos públicos de distintas administraciones en concepto de eventos y supuestos servicios.

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